Un informe del Centro TRAC de la Universidad de Syracuse indica que solo el 1.6% de los nuevos casos presentados en las cortes de inmigración involucran acusaciones criminales más allá de la entrada irregular. Aunque las cortes están resolviendo más casos de los que reciben, el atraso supera los 3.38 millones de expedientes. El estudio también advierte sobre bajos niveles de representación legal y cambios recientes que podrían acelerar deportaciones.

La administración de Donald Trump estaría intensificando los procesos para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas, aumentando la identificación y litigio de casos de desnaturalización. La medida, enfocada en presunto fraude y otros delitos, ha generado preocupación entre organizaciones civiles por su posible impacto legal y social en miles de ciudadanos.

Una nueva norma federal reducirá de 30 a 10 días el plazo para apelar decisiones en cortes de inmigración a partir del 8 de marzo. Aunque la medida busca agilizar procesos, abogados y organizaciones advierten que el cambio podría dificultar la preparación adecuada de recursos legales y afectar a quienes enfrentan órdenes de deportación.